“En un esquema de obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, es indispensable el fortalecimiento progresivo del salario mínimo esto incluiría, trazar el alcance que corresponde al gobierno en la determinación del monto; la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes, en particular se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tienen una manera efectiva para ser planteados y atendidos; y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados”, recalca.

El Gobierno mexicano ha dicho que el incremento representa un aumento de poder adquisitivo para los trabajadores. Pero factorizando la inflación de alrededor del 7 por ciento al año, el beneficio real no es tan significativo.